Bruselas rebaja las exigencias climáticas a las empresas en nombre de la competitividad
La Comisión Europea ha presentado este miércoles una batería de medidas para simplificar y rebajar las exigencias de rendición de cuentas de las empresas en varias legislaciones clave del Pacto Verde, con el objetivo de reducir el papeleo, con el objetivo de mejorar la competitividad de la economía europea. "No podemos competir con una mano detrás de la espalda," ha dicho el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, en rueda de prensa. "Los últimos cinco años han sido un periodo de regulación intenso y nuestro compromiso con la transición verde y digital no vacila. Pero tenemos que admitir que tiene un coste", ha añadido. Con la propuesta de Bruselas, solo las grandes empresas se verán obligadas a rendir cuenta. Según el propio ejecutivo, el 99% de las empresas en la UE son pequeñas y medianas.
La reforma de la legislación que propone en Bruselas prevé que el 80% de las empresas se vea exentas proveer información sobre los riesgos y oportunidades derivados de cuestiones sociales y medioambientales, y sobre el impacto de sus actividades en las personas y el medio ambiente. Bruselas ha puntualizado que modificará la legislación para que puedan hacerlo de manera voluntaria.
La legislación entraba en vigor este año y debía aplicarse progresivamente. Con la propuesta de la Comisión, solo las empresas con más de 1.000 empleados o que facturen más de 50 millones de euros al año tendrán que rendir cuentas. Bruselas propone posponer la fecha de publicación de esos informes dos años, para dar margen a que gobiernos y Eurocámara puedan llegar a un acuerdo y modificar la legislación.
La Comisión también ha propuesto reducir las exigencias en el marco de la directiva sobre diligencia debida en materia de sostenibilidad empresarial. Bruselas quiere eximir a las empresas de la obligación de realizar “sistemáticamente” evaluaciones sobre posibles impactos negativos en las cadenas de suministro. Respecto de las evaluaciones periódicas de sostenibilidad, pasa la obligación de hacerlo de manera anual a quinquenal. También propone pedir menos información.
Simplificación de las normas
La simplificación de las normas que propone Bruselas se aplica también a reglas que determinan qué actividades pueden considerarse como sostenibles, en el marco de una política de inversiones. También aquí, la propuesta de la Comisión es limitar el número de empresas cubiertas, el tipo de actividad y los requerimientos.
El Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera fue una de las grandes medidas del Pacto Verde. Precisamente con vistas a impulsar que las mismas medidas de lucha contra el cambio climático que la UE aplicaba calaran en otras partes, y para proteger a las empresas de la competencia desleal.
En la práctica, impone una tasa a las importaciones de bienes que no cumplan con estándares medioambientales similares a los de la UE. Este miércoles, Bruselas también ha propuesto limitar su alcance. El objetivo es reducir el papeleo y el impacto para pequeños importadores e individuos, eximiéndolos de la norma.
La Comisión ha explicado que en este caso, la medida responde a la evolución del funcionamiento durante el periodo de transición desde 2023. El objetivo, ha dicho Bruselas, es ahorrar esta exigencia al 90% de las empresas, al tiempo que se sigue cubriendo un 99% de las emisiones de CO2.
El cálculo de la Comisión es que gracias a estas medidas y a la reducción del papeleo, las empresas podrían ahorrar 6300 millones de euros en costes administrativos. Pero además, espera que la simplificación también en el acceso a la financiación a través de varios instrumentos pueda movilizar 50 mil millones extra.
Un pacto un poco menos verde
El comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, defiende el plan de “simplificación” de la Comisión. “La alternativa”, ha dicho Dombrovskis, “sería ceder terreno a nuestros competidores que no comparten necesariamente nuestros valores o métodos de trabajo”. Para algunos, eso es exactamente lo que está haciendo la Unión.
“Estamos convencidos de que al mantener a las grandes compañías bajo el marco de declaraciones obligatorias, estamos cubriendo la parte más significativa de impacto en el medio ambiente y las personas”, ha dicho la Comisaria de Servicios Financieros, Maria Luís Albuquerque.
La portuguesa ha insistido que en la que Comisión espera que buena parte de las empresas continúen informando sobre su cumplimiento con estos estándares “porque sus consumidores quieren saberlo, porque los inversores quieren saberlo”. Albuquerque ha reconocido, sin embargo, que la Comisión no ha hecho una evaluación del impacto de estas medidas dada la “urgencia”.
La oenegé medioambiental Global Witness ha acusado a la Comisión de “total dejación de su responsabilidad hacia las personas y el planeta” y de “dar pase libre a los contaminadores”. En un comunicado, ha pedido a la Eurocámara y los gobiernos que protejan las leyes en su formato original.
